Austria propone a la UE crear centros de expulsión de migrantes en terceros países

Austria pisa el acelerador con la migración. Este país, que ejerce hasta diciembre la presidencia de turno de la UE, propone a sus socios europeos crear centros de expulsión en terceros países para albergar a los migrantes que no tengan derecho al asilo en Europa. El objetivo es que permanezcan allí hasta retornarlos a sus lugares de origen. La iniciativa, que lleva un paso más allá la propuesta comunitaria de crear plataformas de desembarco en países extranjeros, se debatirá en la reunión que los ministros comunitarios del Interior celebrarán este jueves en Innsbruck (Austria). Más allá de la dimensión exterior, la presidencia sugiere una idea de dudosa legalidad: definir “límites de capacidad” para la integración de migrantes en los Estados miembros.

Aunque las cifras de llegadas a Europa son moderadas respecto a años anteriores, la migración monopoliza la estrategia política en Bruselas. Y Austria está decidida a que su presidencia semestral permita redoblar estos esfuerzos. La presidencia ha remitido un documento a todos los países miembros para preparar la cita de ministros que se produce este jueves en la ciudad austriaca. El texto, adelantado por el diario POLITICO y al que ha tenido acceso EL PAÍS, propone crear lo que denomina “centros de expulsión” en países ajenos a la UE. De esta forma, Europa “se aseguraría de que, en caso de decisiones negativas a las solicitudes de asilo, la persona en cuestión abandona la UE y es transferida a su país de origen o posiblemente a un tercer país”, plantea el documento. Ese modelo constituiría “una contribución esencial para luchar contra el tráfico de personas”, justifica.

El planteamiento supone dar carácter oficial a una idea esbozada informalmente por Dinamarca y Austria hace un mes. Las autoridades austriacas saben que roza las fronteras del derecho comunitario. La directiva de retorno permite enviar a una persona con orden de expulsión a un tercer país, pero tiene que hacerse con consentimiento tanto del afectado como del país que lo acogería, lo que limita mucho el alcance. Austria propone un esquema automático, algo que genera incomodidad entre muchos Estados miembros, entre ellos España, según las fuentes consultadas.

El Ejecutivo de Sebastian Kurz, que gobierna Austria en coalición con la ultraderecha, ya esbozó esta idea en un primer grupo de trabajo comunitario dedicado a la amenaza terrorista. Los socios lo encontraron muy extremo y ahora las propuestas se han suavizado, aunque el clamor de fondo sigue siendo el mismo: la UE solo admitirá —con cuentagotas— a los refugiados de libro. Para el resto, la opción es un país extranjero. Viena argumenta así que el objetivo es desmantelar a las mafias que trafican con migrantes hacia Europa.

La parte interna revela, pese a todo, que los recelos de Austria hacia la migración van mucho más allá de la lucha contra los traficantes. El documento plantea en varias ocasiones el vínculo entre los flujos migratorios y la seguridad interior. También revela un profundo rechazo a la acogida de extranjeros de culturas diferentes, en línea con el debate que plantea el bloque del Este en general (y la Hungría de Víktor Orbán en particular).

Límites a la acogida

La presidencia aboga por fijar límites a la acogida —sin aclarar si se refiere a cifras o a colectivos de migrantes—, “teniendo en cuenta la paz social, la cohesión social y los valores europeos”. La frase entronca con la convicción que ya expresó Kurz hace unos días en Viena al asegurar que hay migrantes que se integran mejor que otros. Entre los segundos citó a los afganos. No hay nada en la legislación europea que avale una discriminación de migrantes en función de sus señas de identidad.

La reunión de Innsbruck se plantea como un escenario propicio para seguir discutiendo la idea que más preocupa a Austria y a la parte más conservadora de Alemania: los cruces de demandantes de asilo por las fronteras interiores de la UE, en particular por la que separa a estos dos Estados. Sin aludir a este caso particular, el texto de la presidencia avisa de que, si no se controlan los flujos migratorios, “el funcionamiento de Schengen [libre circulación de personas] seguirá expuesto a desafíos fundamentales, con posibles consecuencias para la seguridad interior” de la UE.